La aprobación de la Ley Trans constituye una cuestión de Estado para el Gobierno y sus socios. En ella emplean tanto empeño como en la Ley de Presupuestos, porque entienden la ideología como algo esencial y la economía como un asunto instrumental.El mensaje que transmiten a los adolescentes ante una disforia de género consiste en que se pueden cambiarde sexo con solo desearlo. Lo que nadie les explica es el elevado coste que supone hacer uso así de su libertad. Que la transexualidad haya dejado de catalogarse como una enfermedad mental significa un avance. Pero la ley se blinda —quizás por su inconsistencia— para que ni los padres ni los médicos aconsejen a los menores y les expliquen el dolor y el sufrimiento que padecerán. Esta ley impide elnecesario diagnóstico diferencial médico depsiquiatras, psicólogos, cirujanos y endocrinos, que tendrían que evaluar con pruebas clínicas si el niño es trans. Los especialistas médicos advierten que, esta moda alentada por las redes sociales, sólo 1 de cada 100 casos de disforia de género son trans; la inmensa mayoría presentan trastornos de la personalidad, depresión, autismo, asperger… El legislador suprimede hecho a los padres la patria potestad, como expresara la exministra de educación Celaá: “Los hijos no pertenecen a los padres”; para, acto seguido, compeler a los médicos a que cumplan los requerimientos de los menores, en aras de su “autodeterminación sexual”, sin un diagnóstico previo.Se facilita a los adolescentes los costosos servicios delSistema Nacional de Salud: endocrinológicos y de reasignación de sexo mediante la cirugía. Impedir a los facultativos actuar profesionalmente para realizarpruebas a los menores y diagnosticar sobre la procedencia o no de la hormonación, la vaginoplastia, la faloplastia o la eliminación de mamas, ha llevado al colectivo médico a calificar esta ley totalitaria de barbaridad. La sociedad no es plenamente consciente de esta aberración contra los derechos de los menores, los padres y la ciencia médica; empezará a darse cuenta cuando lo padezcan sus hijos. Países como Holanda, Noruega o Reino Unido, han suspendido esta normativa, porque al comprobar el daño que se genera en adolescentes por cambiar indebidamente de sexo, el arrepentimiento luego ya no tiene solución. Eliminarun pene o una vagina, realizar una doble mastectomía, incluso hormonarse conforman intervenciones irreversibles; además presenta efectos secundarioscomo la infertilidad. Este Gobierno pretende imponer esta ley con premeditación y alevosía, porque, en este delicado asunto, no ha suscitado el consenso necesariocon la comunidad científica, las asociaciones de padrescomo “Amanda”, los comités de bioética, obviando los dictámenes de los órganos consultivos. La espiral de las leyes de ingeniería social tiene explicación: una vez aprobado el derecho al aborto y la legalización de la eutanasia, el cambio de sexo indiscriminado apenas hará mella en una sociedad embrutecida. Sin embargo, los expertos advierten que va a generar mucho mal y angustia, situación que se asocia al suicidio juvenil.Llueve sobre mojado, porque esta ley supone la culminación de la regulación en catorce Comunidades Autónomas de uno y otro signo; en 2016 se aprobó laLey Trans de Cifuentes, ahora será la ocasión para comprobar el posicionamiento de cada partido político. De hecho, este texto legal es objeto de tensiones entre los socios socialistas y comunistas, porque conceptualmente desactiva la reivindicación identitaria del movimiento feminista. Al igual que el deporte hacontribuido a la lucha contra las ideologías ante los esperpénticos supuestos que se plantean, puede aportar una buena dosis de realismo y cordura contra esta demencial ocurrencia. El “pichichí” de un equipomadrileño de fútbol femenino ha “transicionado” de varón a hembra, y de ahí su palmarés; pero la sociedad no permitirá a nivel profesional estos cambios fraudulentos, ni suplantará la ideología por la realidad.Esta ley provocará un aluvión de demandas judiciales contra el Estado, porque arruinarán la vida de muchos adolescentes. Su aprobación en el parlamento por la mayoría no es sinónimo de una ley moral ni justa. De entre las leyes de género podría ser la más perniciosa, porque, aun asumiendo el estado “trans”, imposibilitala imprescindible actuación médica, que ha advertido de los graves peligros en la autodeterminación sexualde menores. Dejar al albur de los adolescentesinmaduros la decisión de cambiar el sexo con el que nacen, sin criterio y evaluación médica, supone unaendiablada trampa.
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