De la promesa al portazo: así enterró el PSOE de Cantoria la radio local
Seis meses bastaron para pasar del apoyo entusiasta a un no rotundo. El caso refleja el control político que asfixia a Cantoria.
Agosto 2023: luz verde al proyecto
El 8 de agosto de 2023, Antonio Cerrillo, secretario general del PSOE de Cantoria, enviaba un mensaje claro:
“A mí el proyecto me gusta, pero tendremos que ver de qué recursos económicos y logísticos disponemos”.
La implantación de una emisora local en Cantoria parecía viable. El único paso pendiente, según Cerrillo, era estudiar la propuesta en septiembre y evaluar su viabilidad.
Febrero 2024: el muro
El 23 de febrero de 2024, el mismo interlocutor cambió radicalmente el discurso:
“El Ayuntamiento no puede hacer ningún gasto en la implantación de la radio. Incluso nos resultaría complicado proporcionarte un local desde donde retransmitir”.
La excusa: falta de recursos. La realidad: Cantoria dispone de más espacios municipales vacíos que cualquier otro municipio de la comarca.
La mano que mece la política local
Fuentes y testimonios coinciden en lo mismo: en Cantoria, cuando el marido de la alcaldesa Purificación Sánchez decide que algo no se hace, todo el engranaje político y las “sanguijuelas” que se benefician de su sombra se alinean en la misma dirección. Este caso sería un ejemplo más.
El pueblo, el gran perdedor
La negativa no solo corta la puesta en marcha de un medio de comunicación que podría fiscalizar al poder y dar voz a los vecinos, sino que limita el derecho a la información y a la participación ciudadana.
Posibles implicaciones legales
La denegación de un espacio municipal, pese a su disponibilidad, podría constituir trato desigual y arbitrario, vulnerando el artículo 14 de la Constitución Española (igualdad ante la ley) y el artículo 103 (objetividad y servicio al interés general).
En casos extremos, esta conducta podría encajar en el delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), cuando una autoridad dicta una resolución injusta a sabiendas.
Conclusión:
Este no es un simple cambio de opinión política. Es un retrato de cómo las redes de poder personalistas pueden bloquear proyectos beneficiosos para un pueblo entero. Y, como siempre, el coste lo paga la ciudadanía.