El sector energético español es un sector estratégico que debe de ser público al igual que la sanidad y la educación. Por lo que debemos de volver a recuperarlo. Porque la riqueza de este sector está en suministrar un producto de calidad a bajo coste accesible a todos los españoles.
España es un país energéticamente dependiente del exterior, pero eso no es excusa para permitir este modelo energético privado que no beneficia a nadie. La gestión pública de activos eléctricos estratégicos es una alternativa legal y viable como se puede comprobar en otros países europeos. Como sucede en la mayoría de países de Europa, donde hay una o varias grandes compañías eléctricas de titularidad pública como por ejemplo Enel en Italia (donde el estado es el principal accionista) o EDF en Francia (donde el estado posee el 70 % de la empresa), en España en los procesos de privatización el estado perdió todo el control de su empresa pública (Endesa) que se empezó a privatizar a partir del año 1988 y que ahora está enviando manos de la empresa pública italiana Enel (tienen un 70 %).