El Ayuntamiento de Cantoria está incumpliendo flagrantemente su deber legal de garantizar el descanso vecinal. Las noches en la plaza del pueblo se han convertido en un infierno de ruido descontrolado, sin horario ni límite, con música a todo volumen, gritos, y altercados que vulneran claramente la normativa sobre contaminación acústica.
La situación es conocida y consentida. La Policía Local, lejos de intervenir para hacer cumplir las ordenanzas municipales, actúa con pasividad absoluta, ignorando denuncias y dejando que el desorden campe a sus anchas. Esta omisión no es casual: responde a una actitud de tolerancia política que roza la negligencia institucional.
La ley es clara. La Ley del Ruido y las ordenanzas municipales establecen límites horarios y niveles máximos de decibelios. El Ayuntamiento tiene la obligación de prevenir, sancionar y, sobre todo, proteger el derecho fundamental al descanso. No hacerlo es faltar a su deber como administración pública, además de abrir la puerta a posibles responsabilidades patrimoniales por daños a la salud de los vecinos.
Los ciudadanos no piden silencio absoluto, sino respeto. Piden que el ocio no se imponga sobre los derechos. Y piden, con razón, que el Ayuntamiento de Cantoria deje de mirar hacia otro lado. Porque cuando una administración no cumple la ley, pierde toda legitimidad para exigirla.
El ruido no es solo molesto: es una forma de agresión. Y el verdadero escándalo no es solo el volumen, sino el silencio institucional que lo ampara.