El 21 de noviembre, la alcaldesa socialista de Cantoria, Purificación Sánchez, y el concejal de Urbanismo, Ramón López, comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa como investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La causa, abierta a raíz de la denuncia presentada por el Partido Popular de Cantoria en junio, sigue su curso y, lejos de disiparse, cada paso procesal confirma que hay un caso serio sobre la mesa.
Según recoge el auto judicial, tras las declaraciones de la alcaldesa y su concejal, el secretario municipal —marido de la alcaldesa y a su vez secretario del PSOE local— y otro funcionario han pasado también a la condición de investigados. Esto desmonta por completo el discurso de “tranquilidad” que Purificación Sánchez ha repetido en sus comunicados, minimizando un asunto que la magistrada considera con indicios suficientes para seguir adelante.
El PP acusa a Sánchez de intentar desplazar la responsabilidad hacia los funcionarios, cuando la investigación apunta a que tanto ella como el concejal de Urbanismo habrían participado en un plan para otorgar expedientes Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) a viviendas con sentencias firmes de demolición, permitiendo su inscripción en el Registro de la Propiedad y facilitando su posterior venta a terceros, principalmente ciudadanos europeos. La consecuencia, según la denuncia, ha sido que personas de buena fe hayan adquirido inmuebles que nunca debieron legalizarse, generando un perjuicio económico y reputacional.
Estos hechos no son meros “errores administrativos” ni “malas interpretaciones” de la ley. Si se confirman, estaríamos ante una actuación política deliberada para burlar resoluciones judiciales y obtener un beneficio político y económico a costa de la legalidad y de la imagen de Cantoria. El pueblo no es responsable de estas presuntas prácticas; son sus dirigentes quienes, desde el poder, han tomado decisiones que ahora están bajo sospecha judicial.
El PP de Cantoria lo tiene claro: “Quien dirige un Ayuntamiento debe hacerlo con las manos limpias. No puede ser que una institución pública esté presidida por personas investigadas por prevaricación, tráfico de influencias y estafa. Cantoria merece un gobierno que respete la ley, que no se sirva del cargo para favorecer intereses particulares y que devuelva el orgullo a sus vecinos. Purificación Sánchez debería dimitir inmediatamente. Seguir aferrada al cargo bajo la sombra de graves presunciones judiciales es un ejercicio de irresponsabilidad política que mancha el nombre de nuestro municipio y lo expone al descrédito nacional e internacional”.
Porque Cantoria no es un cortijo. Es un municipio con historia, con gente trabajadora y honesta, que no tiene por qué cargar con el descrédito que provocan las actuaciones de quienes, desde la alcaldía y bajo el silencio cómplice de parte del PSOE local, han olvidado que su primera obligación es cumplir y hacer cumplir la ley.