La Fiscalía sitúa en más de 400.000 euros el beneficio de la presunta trama urbanística en Cantoria
La causa judicial que afecta a Cantoria avanza hacia juicio oral con un dato que marca el foco: más de 400.000 euros en ventas de viviendas que, según la Fiscalía, nunca debieron comercializarse.
El Ministerio Público sostiene que detrás de esta cifra hay algo más que una irregularidad administrativa. Apunta a una operativa continuada en la que responsables municipales habrían permitido “regularizar” inmuebles con orden de demolición para hacerlos inscribibles y, posteriormente, vendibles. En el procedimiento están señalados la alcaldesa Purificación Sánchez, el concejal de Urbanismo, técnicos municipales, el secretario y un promotor.
El origen se remonta a 2006, cuando el SEPRONA detectó la construcción de 15 viviendas en suelo no urbanizable y sin licencia. Las resoluciones judiciales posteriores establecieron su demolición. Sin embargo, según la acusación, ese mandato nunca se ejecutó.
La Fiscalía describe una secuencia administrativa que considera clave: la declaración de caducidad del expediente urbanístico en 2019, pese a existir un procedimiento judicial pendiente. Esa decisión habría permitido eliminar el principal freno legal y abrir la puerta a la concesión de certificados de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), figura que, sin legalizar las viviendas, sí facilita su inscripción registral.
Con esa cobertura administrativa, sostiene el fiscal, el promotor vendió varias de las viviendas a terceros de buena fe, ocultando su situación real. Tres operaciones concretas —por importes de 132.000, 95.800 y 129.800 euros— forman parte del núcleo de la acusación, que eleva el beneficio total por encima de los 400.000 euros.
La Fiscalía solicita 14 años de inhabilitación para los responsables públicos por un presunto delito continuado de prevaricación, y 5 años de prisión para el promotor por estafa agravada, además de indemnizaciones a los compradores afectados.
Impresión editorial
La cifra no es solo un dato económico; es el hilo conductor de un caso que, de confirmarse, evidenciaría un uso deliberado de la administración para transformar ilegalidad en negocio. No se trata únicamente de lo construido, sino de lo permitido después. Y ahí es donde, presuntamente, se cruza la línea más grave: cuando el sistema deja de corregir el problema y pasa a integrarlo.